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EXCLUSIÓN RESIDENCIAL Y PUEBLO GITANO

Desde la Asociación Habito y más concretamente desde el proyecto Habitando, luchamos junto a las familias participantes en el mismo para que sea reconocido el derecho a una vivienda digna a todas las personas sin distinción de género, clase social, etnia, condición económica, nacionalidad, edad…

El Derecho a la vivienda es un derecho humano, y así está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde hace más de 70 años. Además, en nuestro país, aparece específicamente recogido en la Constitución Española, concretamente en su artículo 47, como derecho a la vivienda digna para la ciudadanía y el compromiso político de hacerlo efectivo. Del derecho a la vivienda depende a su vez, directamente, la posibilidad de hacer efectivos otros derechos tales como la educación, la salud, la participación ciudadana, el acceso a los servicios sociales básicos…

 No obstante, la realidad es que gran parte de la población continua teniendo dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada, y permanecer en la misma. Viéndose condicionado este derecho fundamental,  con un mayor impacto en las familias gitanas , sumando a la persecución de décadas y siglos anteriores, nuevas formas de exclusión y discriminación, a través de prácticas  que promueven la segregación o dificultan el acceso a la vivienda en diferentes regímenes.

Basándonos en los datos recogidos en los mapas de vivienda y población gitana de 2007 y 2015 realizados por la Fundación Secretariado Gitano y en los recogidos en la encuesta de la Fundación FOESSA de 2018 y centrándonos principalmente en la región de Murcia, es preciso destacar específicamente los siguientes datos, en un escenario en todo caso, previo a la crisis socio-sanitaria en la que aún nos encontramos:

  • El incremento de viviendas respecto al periodo anterior, albergando la Región el 5,2% de viviendas del conjunto nacional. De este número el porcentaje mayoritario se encuentra en el municipio de Murcia (39,9%).
  • Se confirma la tendencia a la concentración residencial de las viviendas, localizándose la mayor parte en cascos antiguos, barrios periféricos o barrios de expansión. Persistiendo un 8,34 % de viviendas en asentamientos segregados (458 viviendas), lo cual implica menor dotación de equipamientos y servicios básicos que coloca a estas familias en situación de desigualdad con respecto al resto de localizaciones.
  • La población gitana habita en un 82% en viviendas normalizadas habiendo mejorado este aspecto respecto al 2007. Aun así, Murcia es la tercera comunidad con menor porcentaje de vivienda normalizada y la segunda en tener un mayor número de vivienda deteriorada. Con respecto al número de chabolas se ha visto reducido a la mitad. En cuanto a la infravivienda ha experimentado un crecimiento, pasando de ser 702 a 959 en 2015, al contrario de lo que ha ocurrido en el resto de España.
  • Con respecto al equipamiento de las zonas donde se ubican las viviendas destacamos que se ha reducido la presencia de todo tipo de equipamientos y servicios, siendo Murcia la que menor presencia de Servicios Sociales posee en estas localizaciones.
  • En un 10,7% se producen situaciones de sobreocupación y hacinamiento, siendo Murcia la segunda comunidad autónoma con el porcentaje más alto en esta categoría. Además el 3% de las viviendas son ocupaciones ilegales.

Queremos resaltar que, a pesar de los avances positivos, persiste una situación claramente desfavorecedora de la población gitana con respecto al resto de la sociedad en materia de vivienda. La infravivienda, el chabolismo, la segregación y degradación de los barrios , la ausencia de servicios públicos, etc., son aspectos fundamentales que no podemos obviar y que nos hacen reclamar una intervención inmediata y efectiva que suponga una mejora de las condiciones de la vivienda y del acceso a la misma del pueblo gitano.

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